El Estado costarricense debe definir el futuro de la televisión digital, una oportunidad para democratizar la gestión, producción y transmisión de la riqueza audiovisual. Debe hacerlo de la mano del sector privado, de las universidades y de la sociedad civil organizada.
Queramos o no, llegará el apagón analógico que nos obligará a pasarnos a la era digital y serán necesarias verdaderas políticas públicas que regulen el nuevo mercado tal como ya está ocurriendo en la Unión Europea.
En España el asunto es un debate candente porque el Ejecutivo emitió un decreto para dar luz verde a la televisión digital terrestre de pago. El asunto no se ventiló en el Parlamento. Ojalá en Costa Rica haya cabida para un diálogo participativo respecto a las reglas del nuevo mercado.
Aquí debe reconocerse la inversión realizada por quienes han marcado la brecha en la televisión costarricense. El empresariado local privado - a diferencia del Estado como ocurrió en las naciones europeas- ha liderado la televisión desde los años sesenta y debe tener un espacio en la nueva era. Sin embargo, la cobija digital alcanzará para más operadores pues la digitalización comprime información en un mismo espacio de banda. Por lo tanto, se ofrecerán más canales que ameritan el diseño de un nuevo mecanismo de asignación.
El Estado costarricense en su calidad de dueño del espectro radioeléctrico y dueño de una televisora debe mantener entonces ese doble papel: regulador del sector y operador.
En este diálogo sobre la televisión digital debe quedar completamente garantizada y fortalecida la libertad de expresión sin intervención del Estado en cuanto a los contenidos temáticos de las emisiones televisivas, excepto cuando estén en juego los derechos de niños, niñas y adolescentes o visiones que atenten contra la dignidad humana.
Regular y operar
Históricamente el Estado costarricense ha sido tímido y omiso en la generación de políticas que aseguren el acceso de la ciudadanía a una televisión de calidad, educativa y enfocada a garantizar el derecho de la gente a estar informada. Su papel regulador prácticamente se ha replegado al cobro de un canon ridículo y a la revisión de algunos materiales publicitarios por parte de juntas en las que mayoritariamente destacan funcionarios públicos sin participación de la sociedad civil ni de las universidades.
En su papel de dueño de Canal 13, el Estado urge de una reforma que saque la política electoral de su administración y más bien potencie el liderazgo de quienes están formando las futuras generaciones de profesionales en comunicación, es decir, las universidades. Por supuesto esta decisión debe venir acompañada de un flujo sostenible de recursos bien pudiera ser por presupuesto, un canon, un abono, etc.
Aquí debe haber chance para hacer alianzas con las televisoras universitarias algunas ya establecidas, otras en proceso de formación. La televisión regional, en manos privadas y cooperativas, también debe estar presente.
Preservar este servicio público al lado de la inversión privada favorece el pluralismo y la participación ciudadana. Igualmente, equilibra las estructuras de propiedad que en las empresas mediáticas privadas tienden a la concentración. La meta es que la televisión estatal también sea un referente de calidad audiovisual.
El Estado, dueño del espacio radioeléctrico, y el empresariado del sector, concesionario temporal de la explotación, tienen ahora una oportunidad de oro para retomar un diálogo que se quedó estancado en el tiempo respecto a las políticas de comunicación y cultura.
(ESTE ARTÍCULO FUE PUBLICADO POR EL PERIODICO LA NACION DE CR EL JUEVES 20 DE AGOSTO DEL 2009)
