Hay una idea en marcha para que la participación ciudadana en los procesos públicos de toma de decisiones ambientales sea una ley de la República. Parte del hecho de que para participar hay que tener la información correcta y de manera eficiente.
La propuesta inspirada en el principio 10 de la Cumbre de La Tierra (Río 1992) es materializada en Costa Rica por la Fundación para la Paz y la Democracia ( Funpadem) dentro de un proyecto regional. Por ejemplo, en la Unión Europea ya existe el Convenio Aarhus que incorpora esta misma lógica.
La iniciativa respondería a preguntas básicas cómo: ¿En qué etapa de la política pública puedo como ciudadano (a) participar? ¿Quién asume el costo de consultar la propuesta? ¿Dónde puedo pedir tal papel a ojo cerrado porque de antemano sé que determinada instancia oficial es la encargada de dármelo en equis plazo? ¿Quién es el funcionario responsable en caso de incumplimiento?
Hoy en una primera consulta a grupos organizados de la sociedad civil salieron cosas interesantes: ¿Por qué una ley sobre participación ciudadana solo para cuestiones ambientales y no para otros asuntos de política pública? ¿Por qué no calcular los costos de la participación ciudadana y financiarlos con un pedacito del PIB? ¿Por qué solo el Estado da plata a los partidos políticos cada cuatro años y no directamente a la ciudadanía de manera permanente para promover su participación? ¿Qué tal si esta iniciativa se inspira en el derecho a la comunicación y a la información y no solo en el manoseado principio de libertad de expresión que todo el mundo lo acomoda para su lado?
¡Es un buen inicio!. Alegra que haya gente dándole vueltas al asunto para institucionalizar la participación ciudadana, eso sí, sin burocratizarla ni politizarla... en el sentido politiquero de la palabra.
Comentarios
Creo que el problema en este momento es que si no soy militante de un partido bien representado en la asamblea tengo pocas posibilidades para hacerme escuchar, y muchas probabilidades de ser ignorado.